Arrancábamos la semana con la aprobación del nuevo canon digital por parte del Consejo de Ministros, que recoge el cargo por derechos de autor a equipos, aparatos y soportes digitales, una medida no exenta de polémica tanto por su contenido como por su forma, pues muchos consideran que esta norma es un flash-back al decreto–ley del canon digital, que entró en vigor con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y que en 2012, el actual Gobierno retiró como parte de sus promesas electorales.
Si bien en el Ejecutivo vuelve a darle validez, justificándose en la lucha contra la piratería, y en la remuneración del talento, sectores críticos consideran que la verdadera razón es el varapalo recibido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ambos fallaron sentencias que invalidaban la anterior propuesta del Gobierno, que cargaba los derechos de autor a los presupuestos generales del estado.
Ahora, con la nueva norma, estos derechos los asumirán los fabricantes de tecnología, quienes probablemente, elevarán el coste final de sus productos, siendo el consumidor quien asuma, en última instancia, el canon.
La polémica está servida. Si bien, desde la industria aplauden el nuevo real-decreto, pues tal y como manifiestan, alinea a España con el resto de los países de Europa, a pesar de que las cifras son netamente inferiores a la de países de nuestro entorno, según una nota remitida por la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual (ADEPI), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la tacha como una norma injusta y con un fin recaudatorio, argumentando que el tipo de dispositivo o soporte más comprado por los españoles será el que mayor gravamen asuma al tiempo que obvia que los patrones de consumo han cambiado de forma significativa estos últimos años. Así, por ejemplo, los DVD vírgenes tendrán un recargo de 21 céntimos de euro mientras que en el caso del smartphone, la cifra asciende a los 1,10 euros por dispositivo y a 3,15 euros por cada tablet.
Está claro que estamos ante un tema complicado, en el que los puntos de convergencia van a ser difíciles de conseguir. Los usuarios, en pie de guerra, consideran que esta medida afecta directamente a su bolsillo, aunque no se descarguen nada ni hagan copias privadas, lo que demuestra una vez más que es el eslabón más débil de la cadena.
Y tú, ¿qué piensas de este nuevo decreto-ley?
